El Ejecutivo uruguayo informó que ya fue firmado el decreto que autoriza el llamado a los interesados en prestar el servicio de TV digital comunitaria en Montevideo.

De este modo, están listas las bases y condiciones de la convocatoria dirigida a las asociaciones civiles sin fines de lucro reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura.

http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/resoluciones/2013/05/miem_852_anexo.pdf

Las organizaciones convocadas no deben ser adjudicatarias de más de un canal radioeléctrico.

Se trata de un permiso de emisión por 10 años, con posibilidad de renovación.

Las propuestas deberán entregar documentación general, detalles técnicos y la explicación del proyecto comunicacional.

Entre esta información deberán detallarse los fines del proyecto, el público objetivo y las estrategias de programación

Fuente: http://www.agenciapulsar.org/dd-hh/comunicacion/en-uruguay-se-aprobo-el-llamado-publico-para-instalar-tv-digital-comunitaria/

La norma técnica del Servicio de FM (Resolución Nº 142 SC/96) establece una marcada diferenciación entre las estaciones de alta y mediana potencia y las de baja potencia
- Categorías A, B, C y D de hasta 64, 50, 43 y 25 Km, respectivamente. Se adjudican mediante concurso público.
- Categorías E, F y G con radios de 5, 3 y 1,5 Km, respectivamente. La asignación puede ser directa.

CATEGORÍA DE LAS ESTACIONES , CONTORNOS: La categoría de una estación queda determinada por el área de servicio estimada. Se considera como límite de la misma (contorno de 48 dBμ/m (250 μV/m).

CATEGORIA RADIO DE AREA ESTIMADA
(48 dBμV/m – 250 μV/m)
Km.
A 90km (110kw PRE, 200 Altura antena) 64km contorno protegido
B 80km (40kw PRE, 150m Altura antena) 50km contorno protegido
C 70km (20kw PRE, 150m Altura antena) 43km contorno protegido
D 45km (4kw, 100m Altura antena) 25 contorno protegido
E 28 km (1.000w PRE, 75m Altura antena) 5km contorno protegido
F 22 km (300w PRE, 60m Altura antena) 3,3km contorno protegido
G 9,5 km (50w PRE,30m Altura antena) 1,5km contorno protegido

La planificación del espectro la realiza la Comisión Nacional de Comunicación http://www.cnc.gob.ar

Tras la aprobación de la Ley N.º 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual se ha creado una autoridad audiovisual (AFSCA http://www.afsca.gob.ar) que es el encargado de aplicar, interpretar y hacer cumplir la nueva ley.

Con respecto a las emisoras sin ánimo de lucro existen varios tipos de servicios:

  • Régimen especial para emisoras de baja potencia: adjudicación directa para los servicios de comunicación audiovisual abierta de muy baja potencia (categorías F o G) con carácter de excepción, en circunstancias de probada disponibilidad de espectro y en sitios de alta vulnerabilidad social y/o de escasa densidad demográfica, y siempre que sus compromisos de programación estén destinados a satisfacer demandas comunicacionales de carácter social.Regulación y trámites a realizar por estas emisoras.
  • Emisoras Escolares. Se refiere a centros dependientes del estado. Sólo pueden ser de cobertura reducida (categorías F y G).  http://www.afsca.gob.ar/2012/09/solicitud-de-autorizaciones-de-servicios-de-radiodifusion-a-escuelas-y-pueblos-originarios/
  • Servicios de radiodifusión a Escuelas y Pueblos Originarios. Los beneficiarios son las comunidades de Pueblos Originarios que posean personería jurídica y estén inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.  Puede ser de distinta cobertura (categorías ABCDEFG). http://www.afsca.gob.ar/2012/09/solicitud-de-autorizaciones-de-servicios-de-radiodifusion-a-escuelas-y-pueblos-originarios/

Desde el año 2000 se otorgan frecuencias de baja potencia para emsioras no comerciales.
El organismo encargado de administrar las frecuencias y establecer las condiciones para estas emsiroas es la Federal Communications Commission (FCC).

Low Power FM Broadcast Radio Stations (LPFM)

http://www.fcc.gov/encyclopedia/low-power-fm-broadcast-radio-stations-lpfm

The Low Power FM (LPFM) radio service was created by the Commission in January 2000. LPFM stations are authorized for noncommercial educational broadcasting only (no commercial operation) and operate with an effective radiated power (ERP) of 100 watts (0.1 kilowatts) or less, with maximum facilities of 100 watts ERP at 30 meters (100 feet) antenna height above average terrain (HAAT). The approximate service range of a 100 watt LPFM station is 5.6 kilometers (3.5 miles radius). LPFM stations are not protected from interference that may be received from other classes of FM stations.

FCC announces first opportunity for small community radio stations in 12 years http://www.prometheusradio.org/rules_announced

Map LPFM http://www.fcc.gov/maps/low_power_fm_opportunities_wo_2nd

FCC LPFM Decision FAQ

Recientemente se han producido algunos cambios en la normativa que pueden ser relevantes para las emisoras sin título habilitante.

Por un lado tenemos una Sentencia del Tribunal Constitucional que aclara que las facultades de inspección y sanción de emisoras de ámbito local corresponde a las CCAA y no al Ministerio (Dirección Gral Telecomunicaciones), que hasta ahora era la que normalmente imponía las multas.

Por otra parte algunas CC.AA. están introduciendo en su normativa un mayor aumento de su potestad respecto a las emisoras sin licencia.

En Catalunya la reciente modificación de la Ley Audiovisual ha incorporado la posibilidad de que el Govern podrá inspeccionar las instalaciones de emisoras sin concesión e identificar a los propietarios del inmueble desde donde se realizan las emisiones. También puede tomar medidas de “protección activa del espectro”, lo que les permite ocupar los huecos libres que hay sin repartir en el dial y así agotar el espacio radioelectrico, generando interferencias a las emisoras que emiten sin licencia. Una medida que recuerda a los intentos del régimen franquista para que no pudieran sintonizarse las emisoras de “Radio La Pirenaica”.

El Artículo 111 de la Ley 22/2005,  queda redactada del siguiente modo: «j) Ejercer las potestades de inspección, control y sanción en los aspectos técnicos de la prestación de servicios de comunicación audiovisual y en la prestación de dichos servicios sin el título habilitante al que se refiere el artículo 37.2. En ejercicio de estas potestades, puede tomar las medidas de protección activa del espectro, de acuerdo con la normativa vigente.»

Y artículo 132 de la Ley 22/2005,  queda redactada del siguiente modo: «a) La prestación de servicios de comunicación audiovisual en los términos establecidos por la presente ley sin disponer de la correspondiente licencia o sin haber realizado la comunicación previa preceptiva, según corresponda, y la colaboración necesaria para la prestación de estos servicios. Al efecto de determinar el sujeto responsable de la comisión de esta infracción, el Consejo del Audiovisual de Cataluña o el Gobierno, según corresponda, deben identificar a la persona física o jurídica a la que pueda otorgarse la condición de responsable editorial de los contenidos que se difunden, así como a las personas cuya intervención es necesaria o trascendente para dicha prestación, ya sea como prestadoras de los servicios de apoyo a los servicios de difusión, como distribuidoras de servicios de comunicación audiovisual o como propietarias de los inmuebles desde los que se realizan las actividades de difusión ilegal.»

Por su parte el nuevo Decreto Vasco ha incluido un artículo destinado a las emisiones sin título habilitante.
Art 52.1.- Ante emisiones carentes del preceptivo título jurídico habilitante podrá adoptarse como medida provisional el cierre de la actividad. El acuerdo de adopción de tales medidas corresponderá al titular del Departamento que tenga atribuidas las competencias en materia de comunicación audiovisual.
2.- Con el fin de evitar el uso indebido del espectro radioeléctrico, el titular de la Dirección que tenga atribuidas las competencias en materia de comunicación audiovisual promoverá la adopción de mecanismos de cooperación y colaboración con otras Administraciones Públicas.

En el Proyecto de Decreto figuraba inicialmente la posibilidad de la intervención de la Policía Autónoma vasca para realizar cierres cautelares. Finalmente este apartado fue eliminado, pero se ha mantenido el resto de artículo desoyendo las recomendaciones realizadas por la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi en su Dictamen 221/2011 que cuestionaba la legalidad de estos cierres cautelares.
El párrafo 1 del artículo 32, “emisiones sin título habilitante”, aborda la posibilidad de adoptar como medida provisional el cierre de la actividad ante emisiones carentes del preceptivo título jurídico habilitante, mediante acuerdo del titular de la Dirección que tenga atribuidas las competencias en materia de comunicación audiovisual, y lo hace de un modo que resulta contrario a lo previsto en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las administraciones públicas de la CAPV…   El cierre de la actividad viene a constituir una medida cautelar y por ello deberá ser adoptada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la norma señalada en el párrafo anterior, bien por el órgano que tenga atribuida la potestad sancionadora ─en cualquier momento del procedimiento, previa audiencia de los interesados por plazo común de cinco días y mediante acuerdo motivado─ o bien de forma excepcional por los funcionarios inspectores, en cuyo caso se procederá con urgencia a la incoación del correspondiente procedimiento sancionador y en el acto de incoación el órgano titular de la competencia sancionadora determinará, motivadamente, la revocación, mantenimiento o modificación de las sobredichas medidas. En consecuencia, se debe revisar el párrafo 1 del artículo 32 del Decreto y ordenar la regulación de la medida prevista de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las administraciones públicas de la CAPV.

Cada vez es más frecuente que las Administraciones se dirigan a los propietarios de los inmuebles donde se encuentren ubicadas emisoras sin licencia. A veces como forma de presión, como en el reciente caso de Asturias, y en otros casos por la proliferación de centros de emisión que alquilan sus servicios a emisoras. Uno de los casos más conocidos es el de la Torre de Valencia de Madrid, donde la propia comunidad de propietarios gestiona o alquila instalaciones para la emisoras de radios y televisiones. La Comunidad de Madrid sancionó a dicha comunidad de propietarios con cuantiosas multas (por falta de licenica y por obstrucción a la labor inspectora) y el Tribunal Supremo ha ratificado la competencia de la Comunidad de Madrid para hacerlo.

DECRETO FORAL 5/2012, de 25 de enero, sobre
Servicios de Comunicación Audiovisual en la
Comunidad Foral de Navarra.

Antecedentes:
Proyecto de Decreto
Dictamen 1/2012 Consejo Consultivo

Los cambios más relevantes introducidos entre el Proyecto de Decreto y el Decreto final:
- Se introduce un nuevo criterio de valoración en los concursos (artículo 12): f) El acceso de emisoras que no tuviesen licencia concedida en el área de cobertura para la que licitan.

Modifican la redacción del Artículo 21. Vigencia de la licencia y renovación.

Desaparece el artículo 23 del Proyecto, que se refería a la extinción de licencias

El Parlament de Catalunya a aprobado una Ley que modifica la normativa audiovisual.

Los medios se han hecho eco de los cambios respecto a la reducción de integrantes del Consell Audiovisual y de la Coorporació y su forma de elección.

Pero en la Ley se introducen otros cambios que afectan a las labores de control e inspección, otrogando mayores potestades al Gobern. A partir de ahora el Gobern podrá inspeccionar las instalaciones de emisoras sin concesión identificar a los propietarios del inmueble desde donde se realizan las emisiones o tomar medidas de “protección activa del espectro”.

Tabla modificaciones Ley Audiovisual

Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Núm. expedient 200-00012/09

http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/lleis

Actual LEY 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña.

Posición del Sindicat de Periodistes

SOBRE MEDIOS COMUNITARIOS

2009 – Declaration of the Committee of Ministers
on the role of community media in promoting social cohesion
and intercultural dialogue

Declaración Consejo de Europa

2008 – Promoting social cohesion The role of community media.
Publicación del Consejo de Europa y Peter Lewis (48 paginas)

2008 – RESOLUCIÓN PARLAMENTO EUROPEO SOBRE MEDIOS COMUNITARIOS
(english)

2007 - THE STATE OF COMMUNITY MEDIA IN THE EUROPEAN UNION
Estudio para Comisión Cultura y Educación del Parlamento Europeo (80 páginas).

SOBRE PLURALISMO E INDEPENDENCIA MEDIOS

2012 – Media regulation: A panacea for free and independent media?
Proyecto con financiación europea que analiza situación de varios países europeos

2009 – Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States
Estudio realizado para la Comisión Europea (Dir Information Society and Media) 167 páginas

2007 – Media pluralism in the Member States of the European Union
Documento de Trabajo de la Comisión Europa (92 páginas)

Convenio Europeo de los Derechos Humanos (CDEH). Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales Roma, 4.XI.1950
Los Gobiernos signatarios, miembros del Consejo de Europa. http://www.coe.int

Artículo 10. Libertad de expresión
1 Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.

2.El ejercicio de estas libertades, entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial

El Tribunal de Estarburgo y la libertad de expresión

http://www.ugr.es/~redce/REDCE7/articulos/17mlidiasuarezespino.htm#dos

EL TS y el TC han ditado sentencias de TEDH

se afirma que el art. 20 CE no contempla el requisito de la autorización como límite al ejercicio de los derechos que garantiza, aunque puede justificarse su existencia en algunos supuestos, como el uso del espectro de frecuencias radioeléctricas. Pero en tales casos, la limitación o autorización en el ejercicio de los derechos debe responder al principio de proporcionalidad, como ha sostenido la jurisprudencia constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Sentencias relacionadas con la libertad de expresión y con el art. 10 CEDH [casos Mark Intern (1989), Groppera Radio (1990), Autronic (1990) y Lentia (1993)].

Ello implica que las limitaciones contempladas en el apartado primero del art. 10 CEDH están vinculadas a las previsiones del apartado segundo del mismo artículo, al exigirse que sean “medidas necesarias en una sociedad democrática”. Por lo tanto, no puede descartarse la licitud de una autorización siempre que la finalidad que persiga sea legítima y proporcionada al fin que se quiere defender. Los Diputados recurrentes precisan, en este sentido, que la Ley impugnada adopta unas medidas innecesarias en una sociedad democrática, que constituyen una violación del Derecho comunitario y del CEDH, solicitando de este Tribunal que emita un juicio al respecto, no desde la perspectiva de los arts. 93 ó 96, sino desde la óptica de la infracción del art. 20 CE, examinado a la luz del principio de proporcionalidad recogido en la jurisprudencia constitucional y en la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. c) El segundo motivo de inconstitucionalidad alegado por los Diputados recurrentes se basa en que la Ley viola los arts. 93 y 96 CE en relación con el art. 9.3 de la misma, en lo que se refiere a la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, en relación con la infracción del Derecho comunitario contenido en la Directiva 89/552/CEE (art. 2.2), en la Directiva 95/47/CE (art. 4) y en los arts. 31 y 59 del Tratado de la Comunidad Económica Europea (TCEE).

OSCE Commitments: Freedom of the Media, Freedom of Expression, Free Flow of Information, 1975-2012

http://www.osce.org/fom/99663

OSCE Human Dimension Seminar Media Freedom Legal Framework
Warsaw, 14 May 2013 Speaking Points Working Group 2 – National Frameworks
As delivered by Hendrik Van de Velde, First Counsellor, Human Rights Focal Point, EU Delegation to the International Organisations in Vienna 2013-05-13_HDSMEDIA_EU_Benchmarks.pdf

SOME RECOMMENDATIONS/BENCHMARKS FOR NATIONAL FRAMEWORKS
- Role of a Ministry of information/communication is clearly defined; (i.e. not
used as a tool to control freedom of expression and media plurality and
independence, but foster it)
Existence of an adequate legal framework on freedom of expression:
- Freedom of expression is guaranteed in law;
- The right to information is guaranteed in law;
- Editorial independence is guaranteed by law;
- Journalists’ right to protect their sources is guaranteed in law;
- Freedom for journalists to create unions is guaranteed and respected;
- Existence of an adequate regulatory system for broadcasting:
- Existence of an independent body in charge of regulating, monitoring and
ensuring the plurality of the media;
- The independence of such regulatory system is guaranteed by law;
Existence of a pluralistic and independent media:
- The launch of a publication should not be submitted to any restriction or
authorisation regime. At most, a notification regime could be implemented;
- There should be no State monopoly on printing rotatives, on ink and paper
supply, on TV and radio companies;
- The State has no control over private advertisements allocations; does not
discriminate through public advertising policy; An effective regulation
governing advertising in the media is adopted and implemented;
- Existence of an independent, fair and transparent regulatory process system
and process for the attribution of broadcasting licences; State actively
promotes a diverse mix of public, private and community media; State plan for
spectrum allocation promotes diversity and ensures optimal use for pubic
interest;
Defamation laws:
- Participating States should consider decriminalising defamation and slander
(i.e. defamation should be regarded as a civil offence; Journalists should not
face prison sentences for having expressed their views);
- Defamation laws should impose the narrowest restrictions necessary to the
protection of the reputation of individuals (but not the state institutions);
- Any restrictions upon freedom of expression, whether based on national
security, hate speech, privacy, contempt of court laws and obscenity should
be clear and narrowly defined in law and justifiable as necessary in a
democratic society, in accordance with international law;
Censorship:
- Absence of censorship and limitations to the right to freedom of expression;
- The media is not subject to prior censorship as a matter of both law and
practice;
- Restrictions and banning decisions need to be transparent, duly justified,
taken in the framework of a proper legal procedure and be subject to appeal