A partir de la apertura de diversas actividades económicas a la inversión privada, ya sea por la vía de las privatizaciones o de la emisión de normas que permitieron el acceso a inversionistas privados a actividades que típicamente se desarrollaron en el ámbito público, como son la telefonía, los puertos y los ferrocarriles, requirió la modificación de normas legales y administrativas con la finalidad generar un régimen de libre competencia entre diversos prestadores de servicios donde no existían.

En este mismo sentido, esta transformación de la economía regulada ha requerido de la creación de nuevas autoridades en muchos ámbitos, generalmente denominadas como comisiones, integradas en su mayoría en forma colegiada y con facultades autónomas en materia técnica y operativa.

A efecto de dotar a la actividad económica de mayor dinamismo, en muchos casos se ha requerido colmar la necesidad de reglamentar y regular múltiples procedimientos que en el pasado eran innecesarios.

Podría parecer contradictorio, pero el término “desregular” se traduce, al menos en esta fase, en la creación de leyes, reglamentos, normas diversas y un mayor número de procedimientos y trámites.

La desregulación busca generar condiciones para fomentar inversiones en actividades reguladas, intensivas en el despliegue y uso de infraestructura básica, que son consideradas prioritarias.

Las leyes modernas han sido concebidas con la clara intención de favorecer la transparencia en la asignación u otorgamiento de concesiones y permisos, al tiempo de pretender establecer procedimientos específicos para su convivencia y operación, con reglas claras y plazos fatales para su cumplimiento. La discrecionalidad característica de la autoridad administrativa en estos procesos busca ser acotada y transformada en una rectoría efectiva del desarrollo económico.

- La desregulación de las actividades antes señaladas debe ser entendida como un proceso dinámico, compuesto de diversas fases. En primera instancia, como ha sido señalado, se encuentra la construcción del andamiaje legal e institucional que permita, bajo nuevas condiciones de pluraridad de actores y en un régimen de competencia, el desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios que nacieron, se desarrollaron y se consolidaron como monopolios naturales a cargo del Estado.

En una segunda fase, las normas que dieron origen al nuevo entorno de estas actividades debe, necesariamente, simplificarse para dar paso a reglas más simples que inhiban lo menos posible el desarrollo de estas redes y servicios públicos, acogiendo en buena medida los beneficios que otorgan los desarrollos tecnológicos y comerciales propias de nuestro entorno global.

Finalmente, en un objetivo que pareciera difícil, la regulación y los reguladores deben perseguir la auto regulación de los mercados. Si las condiciones y los plazos para lograr una situación de competencia efectiva, y en buena medida auto regulada (o desregulada, dirían algunos), parecen lejanos y por momento imposibles, ello no debe soslayar el hecho de que deben constituir la guía para la emisión y actualización de cualquier norma regulatoria.

En caso contrario, los procesos que inician en la primera fase de la desregulación, que de hecho de caracteriza por la emisión de regulación a todos los niveles, se pueden entrampar en esa etapa sin avanzar firmemente al resto de sus fases.

Este artículo fue publicado en La Razón el 26 de septiembre de 2011, agradecemos al autor su autorización para publicarlo en nuestra página web

26 de septiembre, 2011
Eduardo Ruiz Vega

http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=9275

l Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, es un órgano asesor del Gobierno en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información.

Entre sus vocalías varias de ellas se destinan a medios de comunicación:
b) Por los prestadores de servicios de difusión:

1.º Un representante de la entidad prestadora del servicio público esencial de televisión, regulado por la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión.

2.º Dos representantes de las entidades o sociedades prestadoras del servicio público esencial de televisión, regulado por la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal de televisión.

3.º Un representante de cada una de las sociedades concesionarias del servicio de televisión privada analógica de ámbito nacional, regulado por la Ley 10/1988, de 3 de mayo.

4.º Un representante de las sociedades prestadoras del servicio de televisión por satélite.

5.º Dos representantes de las sociedades titulares del servicio de difusión de televisión por cable regulado en la Ley 42/1995, de 22 de diciembre.

6.º Dos representantes de las sociedades prestadoras del servicio de televisión digital por ondas terrestres de ámbito nacional, siempre que no gestionen otra modalidad del servicio de televisión.

7.º Dos representantes de las sociedades prestadores del servicio de televisión privada de ámbito autonómico y local.

8.º Tres representantes por los prestadores de servicios de radiodifusión sonora: uno, por el sector público estatal; otro, por el sector público autonómico, y un tercero, por el sector privado.
Ver Real Decreto 1029/2002, de 4 de octubre, por el que se establece la composición y el régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

http://www.mityc.es/telecomunicaciones/es-ES/SecretariaDeEstado/Consejos/Paginas/ConsejoTeleco.aspx

El Consejo de Gobierno ha aprobado la adjudicación de 54 emisoras comerciales de radio en frecuencia modulada en las ocho provincias andaluzas. Estas concesiones corresponden al concurso convocado en 2007 para la utilización de otras tantas frecuencias reservadas a Andalucía en el Plan Técnico Nacional de FM. Seis de ellas se localizan en la provincia de Almería, nueve en Cádiz, cuatro en Córdoba, nueve en Granada, cuatro en Huelva, ocho en Jaén, nueve en Málaga y cinco en Sevilla.

Las ofertas han sido valoradas por funcionarios técnicos de la Administración autonómica de acuerdo con los siguientes criterios: interés general del proyecto para la localidad, viabilidad técnica y económica, programación, empleo y formación.

Las 54 concesiones adjudicadas se unirán a las 162 que fueron otorgadas en las tres convocatorias anteriores, celebradas en 1984, 1989 y 2003. Con ello, el número total de emisoras comerciales de FM en Andalucía se eleva a 216. En el ámbito público disponen de concesión 308 emisoras municipales, explotadas por los ayuntamientos.

Lista adjudicatarios

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2011/7/26/1311675406312radios.pdf

Alfonso Gumucio-Dagron habló en Barcelona sobre la sostenibilidad de los medios comunitarios.

http://www.portalcomunicacion.com/catunesco/esp/cv_det.asp?id_seccio=42&id_cv=32

Desde Colombia presentan “La radio comunitaria, una empresa social sustentable” es una guía práctica para fortalecer y acompañar el proceso de gestión de radialistas comunitarios/as.

http://redresander.files.wordpress.com/2011/05/libro_la_radio_comunitaria_empresa_social.pdf

AMARC y la Asociación de radios comunitarias de Quèbec (ARCQ) invitan a participar de un día de reflexión e intercambio sobre la radio comunitaria y las políticas públicas el 17 de octubre

http://www.amarc.org/index.php?p=fiess_amarc_es&l=ES&nosafe=0

El Supremo reconoce el derecho de Telemadrid a disponer de un segundo canal analógico.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha reconocido el derecho de Telemadrid a disponer en 2004 de un segundo canal analógico para emitir el contenido de LaOtra, una petición denegada entonces por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que depende del Ministerio de Industria.

En una de las sentencias el Supremo estima el recurso de casación presentado por Telemadrid contra el fallo dictado por la Audiencia Nacional el 15 de enero de 2009 sobre la sanción por utilización de frecuencias radioeléctricas sin autorización.
La Audiencia Nacional impuso a la cadena autonómica dos multas de 500.000 euros por infracciones administrativa, que ahora son anuladas por el Supremo. De este modo, los magistrados entienden que esta cantidad se debe reducir a 5.000 euros, ya que Telemadrid cometió ‘la infracción de emitir sus programas utilizando las frecuencias pese a la negativa de la Administración competente’.
En otra de las sentencias, a la que tuvo acceso Europa Press, el Supremo reconoce el derecho que tenía Telemadrid a disponer de una segunda frecuencia analógica (sentencias 4712/2011 y 4808/2011).

En los argumentos, los magistrados recalcan que ‘en el año 2004 y 2005 aún existían frecuencias disponibles para la trasmisión en analógico como lo vino a probar, cierto que a posteriori, la incorporación de un nuevo canal analógico de televisión’.

Así, concluye que en 2004 existían frecuencias disponibles en la Comunidad de Madrid que hubieran permitido su asignación al segundo canal autonómico.

Además, se opone a los argumentos esgrimidos por la Dirección General a la solicitud del Ente Público. Expone que la Comunidad podía aspirar a este segundo canal en base a la Ley 22/1999.

Fuente

Tanto la normativa estatal como la municipal exigen unos requisitos para la instalación de antenas de emisión, ya sean de telefonía, radio o televisión.

La normativa estatal establece estas categorias a las que establecen condicionen diferentes para obtener autorizaciones:

  • ER1: estaciones radioeléctricas ubicadas en suelo urbano, de potencia isotrópica radiada equivalente superior a 10 W.
  • ER2: estaciones radioeléctricas ubicadas en suelo urbano, de potencia isotrópica radiada equivalente inferior o igual a 10 W y superior a 1 W.
  • ER3: estaciones radioeléctricas ubicadas en suelo no urbano, de potencia isotrópica radiada superior a 10 W, en cuyo entorno existan áreas en las que puedan permanecer habitualmente personas.
  • ER4: estaciones radioeléctricas ubicadas en suelo no urbano, de potencia isotrópica radiada equivalente inferior o igual a 10 W y superior a 1 W, en cuyo entorno existan áreas en las que puedan permanecer habitualmente personas

Por su parte muchos Ayuntamientos cuentan con normativa en las que indican que se requiere de licencia para la instalación de una antena emisora.

Como ejemplo mostramos un fragmento de la Ordenanza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y de las Tecnologías relacionadas en la Ciudad de Madrid (ANM 2010\47).
Artículo 29.2 En el caso de sistemas radiantes transmisores de señales de radiodifusión sonora y televisión, será
admisible su instalación sobre la cubierta de un edificio siempre que la actividad a la que esté vinculado dicho
edificio o la instalación en su cubierta obtenga licencia municipal y que las condiciones de emplazamiento y
medidas previstas para atenuar el impacto visual cumplan como mínimo las condiciones siguientes:
4) Si la altura total en las estaciones emisoras, repetidoras y reemisoras de los servicios de radiodifusión sonora y televisión excede los 8 metros, será precisa la previa aprobación del correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico en el que se justifique la necesidad de la actividad en el emplazamiento propuesto.