Recientemente se han producido algunos cambios en la normativa que pueden ser relevantes para las emisoras sin título habilitante.

Por un lado tenemos una Sentencia del Tribunal Constitucional que aclara que las facultades de inspección y sanción de emisoras de ámbito local corresponde a las CCAA y no al Ministerio (Dirección Gral Telecomunicaciones), que hasta ahora era la que normalmente imponía las multas.

Por otra parte algunas CC.AA. están introduciendo en su normativa un mayor aumento de su potestad respecto a las emisoras sin licencia.

En Catalunya la reciente modificación de la Ley Audiovisual ha incorporado la posibilidad de que el Govern podrá inspeccionar las instalaciones de emisoras sin concesión e identificar a los propietarios del inmueble desde donde se realizan las emisiones. También puede tomar medidas de “protección activa del espectro”, lo que les permite ocupar los huecos libres que hay sin repartir en el dial y así agotar el espacio radioelectrico, generando interferencias a las emisoras que emiten sin licencia. Una medida que recuerda a los intentos del régimen franquista para que no pudieran sintonizarse las emisoras de “Radio La Pirenaica”.

El Artículo 111 de la Ley 22/2005,  queda redactada del siguiente modo: «j) Ejercer las potestades de inspección, control y sanción en los aspectos técnicos de la prestación de servicios de comunicación audiovisual y en la prestación de dichos servicios sin el título habilitante al que se refiere el artículo 37.2. En ejercicio de estas potestades, puede tomar las medidas de protección activa del espectro, de acuerdo con la normativa vigente.»

Y artículo 132 de la Ley 22/2005,  queda redactada del siguiente modo: «a) La prestación de servicios de comunicación audiovisual en los términos establecidos por la presente ley sin disponer de la correspondiente licencia o sin haber realizado la comunicación previa preceptiva, según corresponda, y la colaboración necesaria para la prestación de estos servicios. Al efecto de determinar el sujeto responsable de la comisión de esta infracción, el Consejo del Audiovisual de Cataluña o el Gobierno, según corresponda, deben identificar a la persona física o jurídica a la que pueda otorgarse la condición de responsable editorial de los contenidos que se difunden, así como a las personas cuya intervención es necesaria o trascendente para dicha prestación, ya sea como prestadoras de los servicios de apoyo a los servicios de difusión, como distribuidoras de servicios de comunicación audiovisual o como propietarias de los inmuebles desde los que se realizan las actividades de difusión ilegal.»

Por su parte el nuevo Decreto Vasco ha incluido un artículo destinado a las emisiones sin título habilitante.
Art 52.1.- Ante emisiones carentes del preceptivo título jurídico habilitante podrá adoptarse como medida provisional el cierre de la actividad. El acuerdo de adopción de tales medidas corresponderá al titular del Departamento que tenga atribuidas las competencias en materia de comunicación audiovisual.
2.- Con el fin de evitar el uso indebido del espectro radioeléctrico, el titular de la Dirección que tenga atribuidas las competencias en materia de comunicación audiovisual promoverá la adopción de mecanismos de cooperación y colaboración con otras Administraciones Públicas.

En el Proyecto de Decreto figuraba inicialmente la posibilidad de la intervención de la Policía Autónoma vasca para realizar cierres cautelares. Finalmente este apartado fue eliminado, pero se ha mantenido el resto de artículo desoyendo las recomendaciones realizadas por la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi en su Dictamen 221/2011 que cuestionaba la legalidad de estos cierres cautelares.
El párrafo 1 del artículo 32, “emisiones sin título habilitante”, aborda la posibilidad de adoptar como medida provisional el cierre de la actividad ante emisiones carentes del preceptivo título jurídico habilitante, mediante acuerdo del titular de la Dirección que tenga atribuidas las competencias en materia de comunicación audiovisual, y lo hace de un modo que resulta contrario a lo previsto en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las administraciones públicas de la CAPV…   El cierre de la actividad viene a constituir una medida cautelar y por ello deberá ser adoptada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la norma señalada en el párrafo anterior, bien por el órgano que tenga atribuida la potestad sancionadora ─en cualquier momento del procedimiento, previa audiencia de los interesados por plazo común de cinco días y mediante acuerdo motivado─ o bien de forma excepcional por los funcionarios inspectores, en cuyo caso se procederá con urgencia a la incoación del correspondiente procedimiento sancionador y en el acto de incoación el órgano titular de la competencia sancionadora determinará, motivadamente, la revocación, mantenimiento o modificación de las sobredichas medidas. En consecuencia, se debe revisar el párrafo 1 del artículo 32 del Decreto y ordenar la regulación de la medida prevista de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las administraciones públicas de la CAPV.

Cada vez es más frecuente que las Administraciones se dirigan a los propietarios de los inmuebles donde se encuentren ubicadas emisoras sin licencia. A veces como forma de presión, como en el reciente caso de Asturias, y en otros casos por la proliferación de centros de emisión que alquilan sus servicios a emisoras. Uno de los casos más conocidos es el de la Torre de Valencia de Madrid, donde la propia comunidad de propietarios gestiona o alquila instalaciones para la emisoras de radios y televisiones. La Comunidad de Madrid sancionó a dicha comunidad de propietarios con cuantiosas multas (por falta de licenica y por obstrucción a la labor inspectora) y el Tribunal Supremo ha ratificado la competencia de la Comunidad de Madrid para hacerlo.

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